Sibila Camps

En la Argentina, el lugar donde las mujeres corren mayor peligro es su propia casa: en los primeros 66 días del año fueron asesinadas al menos 33 mujeres y niñas de distintos sectores sociales debido a la violencia de género, la inmensa mayoría en manos de su pareja o ex pareja. Este alarmante promedio de un femicidio cada dos días llevó a numerosas organizaciones a reclamar una política de Estado para enfrentar un problema creciente: según informó Clarín hace un mes, en enero habían ocurrido nueve muertes.

Diez de las 33 víctimas de este año eran menores de edad. Al menos otras 10 mujeres y niñas fueron hospitalizadas tras sufrir intentos de homicidio en el mismo contexto. Las cifras surgen únicamente de lo publicado en los medios. La trágica cuenta se completa con 8 suicidios de los atacantes, otro muerto por su hijo, y otros dos niños asesinados por un marido golpeador.

"Creemos que la cantidad de femicidios debe de ser mayor aún, pero no hay un registro consolidado de todas las jurisdicciones. Estamos impulsándolo a través de las 15 delegaciones del INADI", anticipa su titular, María José Lubertino.

"Es el momento de llamar a las cosas por su nombre: el machismo también mata -subraya Fabiana Túñez, coordinadora general de la asociación civil La Casa del Encuentro (www.lacasadelencuentro. com.ar)-. Creemos que las campañas desde el ámbito público no alcanzan, si no nos movilizamos como sociedad".

Convocadas por la Fundación Mujeres en Igualdad, un importante número de instituciones y de especialistas en la problemática de la mujer presentó una carta a la Presidenta de la Nación, donde urgen a que los programas contra las violencias de género y de asistencia a sus víctimas "se transformen en política de Estado con alcance nacional". Los firmantes pidieron también "una ley integral" sobre la cuestión, ya que "la actual legislación nacional sobre violencia familiar es insuficiente y carece de perspectiva de género en su formulación".

Ya en enero, Amnistía Internacional (AI) de Argentina había instado al Gobierno "a abordar esta violación recurrente de los derechos humanos de una manera urgente y efectiva, y a dar muestras claras de su compromiso en el combate de la violencia contra las mujeres".

El femicidio -definido por las Naciones Unidas en 2001- golpea en todas las clases sociales y edades, y tiene su base en la discriminación de género. "Causa más desastres que la discriminación racial -estragos a nivel familiar, social, laboral-, y también implica una carga enorme para el hombre", recalca la presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina, Cristina Camiña.

"Más del 90% de los casos de violencia tienen un sustrato de discriminación", observa Lubertino. Por esa razón pone el acento en la urgencia para implementar la ley de educación sexual, "porque los niños y las niñas se forman en un estereotipo sexista que justifica la jerarquía de los varones sobre las mujeres, y esto condiciona prácticas que pueden devenir en situaciones violentas".

En coincidencia, AI envió una carta al Ministerio de Educación, con recomendaciones que permitan eliminar la violencia de género en las escuelas.

El primer paso, acuerdan los especialistas, es concientizar sobre el problema. Lo hace el INADI, en incontables programas y acciones. Lo hace la Asociación de Mujeres Juezas, que también capacita a todos los operadores del tema, entre otras cosas "para saber ver el fenómeno de la violencia antes de que termine en una muerte", advierte Camiña.