Sibila Camps

Lágrimas ya secas por los años llenaron ayer la Sala 1 del Anexo de la Cámara de Diputados, cuando familiares y víctimas de la trata de personas remontaron sus pesadillas, para que sus testimonios sirvan para corregir la Ley de Trata. Completaron esos dolorosos relatos las gravísimas denuncias de corrupción de las y los representantes de asociaciones que luchan contra ese delito.

La ley 26.364 fue cuestionada ya desde su sanción, en 2008. Para modificarla, quienes integran las comisiones de Legislación Penal, y de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, quisieron escuchar a las organizaciones civiles. Aunque no todos los legisladores, y menos los diputados que las diputadas.

En la primera audiencia pública sobrecogió escuchar a Susana Trimarco, la madre de Marita Verón, y verla junto a Micaela, quien tenía 3 años en 2002, cuando su mamá fue secuestrada en Tucumán y ahora la recuerda en cada rasgo de su rostro. “Hace poco murió el padre de mi hija, producto de una profunda depresión”, contó Trimarco. Su nieta, quien va al colegio con custodia, colabora con la Fundación María de los Angeles. “Sin darme cuenta la preparé para esta lucha”.

“La Justicia manipuló y ensució la causa”, destacó. Habló de los 436 tratantes a quienes identificó durante su propia investigación, que aún no ha cesado; de las 25 personas imputadas y las 13 procesadas. “Muchas organizaciones internacionales estarán como veedoras durante el juicio oral” , anticipó.

Con la autoridad que le dan las 674 causas ya judicializadas que se iniciaron en su Fundación, Trimarco exhortó a los diputados a que “hablen menos y hagan más. “No me importa con quién tenga que pelearme: la modificación de la ley es necesaria. No podemos hablar de consentimiento: ninguna chica está allí porque sí, donde las violan y las torturan”. En otras propuestas coincidió con las planteadas por las ONGs (ver “Consenso en...”).

Juan Carlos Yacante, tío de Peli Mercado, desaparecida en 2005 en La Rioja cuando tenía 13 años, desnudó otra falla de la actual ley: “El caso quedó encerrado en la justicia de la provincia y necesitamos que lo tome la justicia federal”. “La explotación sexual sigue siendo investigada por la justicia local. Hay un alto nivel de impunidad en todos los casos judicializados – subrayó Mercedes Assoratti, de la Fundación El Otro –. Debe ser federal” .

Lourdes Hidalgo contó que fue traída en 2006 de Bolivia “por un trabajo mejor”, y rememoró el incendio del taller textil clandestino donde estaba encerrada con otras 65 personas, donde murieron dos compañeros y cuatro niños. “No hay ningún dueño de grandes marcas que haya pagado pena por el trabajo esclavo, ni tampoco los grandes tratantes, que explotan hasta a 500 mujeres”, observó Assoratti.

Gustavo Vera, de La Alameda, exigió seguir la ruta del lavado de dinero. Fue sólo el primero de los expositores en denunciar la corrupción en la División Trata de la Policía Federal. “A las víctimas les toman declaración drogadas, en los prostíbulos, delante de los proxenetas”.

Fueron varios los que cuestionaron duramente los métodos de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata del Ministerio de Justicia, por obligarlas a declarar, no asistirlas, no darles protección, y mandarlas de regreso sin evaluar riesgos. “Los temas que duelen, generan esto”, reflexionó Fabiana Túñez, de La Casa del Encuentro, tras agradecer “a los pocos diputados y diputadas” –cuatro– que no se habían ido a un debate sobre las retenciones al agro.

“Vine con una chica de 19 años que rescatamos en diciembre con su nena de 4 años, y está viendo que todos se van. ¿Lo toman en serio? –se preguntó Margarita Meira, de Madres de Constitución–. Ella señaló en Internet a todas las chicas que están secuestradas en los prostíbulos donde estuvo, y nunca los allanaron. Está enferma, no tiene techo, ni apoyo, ni dinero”. En silencio, la joven lloraba. Lágrimas frescas.

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