Sibila Camps

Entre el lunes 7 y el martes 8 de abril, un tribunal oral de Tucumán fijará las penas a las diez personas condenadas por secuestrar y prostituir a Marita Verón, según el fallo de diciembre de 2013 de la Corte tucumana, que revirtió las vergonzosas absoluciones del juicio de 2012. Dos son de Tucumán –la ex pareja Daniela Milhein y Alejandro González, quienes tuvieron a la joven en sus casas–; siete son de La Rioja –dueños, regentes, empleados y empleadas de los prostíbulos donde la explotaron–; y el ex policía Pascual Andrada es riojano, pero vive en San Miguel de Tucumán, a la vuelta de la casa de una de sus víctimas, una mujer que estuvo en dos oportunidades con Marita y, como ella, también cautiva.

La querella pedirá para todos y todas la pena máxima posible: 15 años de cárcel; paradójicamente, si los hubieran juzgado por la ley de trata –sancionada tras la lucha de Susana Trimarco–, la pena sería menor. La mayoría de los ahora condenados ha pasado más de dos años largos en prisión preventiva, por lo que, de recibir penas bajas, podrían continuar en libertad.

Aun cuando reciban la máxima y los lleven de la sala de audiencias a la cárcel, ¿cuánta justicia se habrá logrado por Marita Verón? “Liliana” Medina murió en una cárcel riojana, donde esperaba otro juicio en una causa por drogas; era la propietaria del emporio prostibulario –luego legado a sus hijos, los mellizos “Chenga” y Gonzalo Gómez–, que esclavizó y explotó a centenares de jóvenes, muchas de ellas, menores de edad. En cuanto a los hermanos María Jesús y Víctor Rivero –acusados, respectivamente, de ordenar y ejecutar el secuestro de Marita–, la Corte ratificó las absoluciones; quiero creer que fue por pruebas insuficientes, debido a que en las actas de las audiencias, el tribunal había omitido o tergiversado testimonios desfavorables, e incluso inventado alguno que serviría para desincriminarlos.

María Jesús Rivero está detenida con prisión preventiva, en una causa federal por lavado de activos y estafa al fisco. En la misma causa están detenidos su ex pareja, Rubén “La Chancha” Ale – con prisión hospitalaria–, y uno de sus cómplices más cercanos. Otros dos continúan prófugos, incluido Roberto Dilascio, pareja actual de Rivero. Al procesarlos –junto al hermano de “La Chancha”, Angel “El Mono” Ale, y otras personas–, el juez Fernando Poviña consideró que el dinero “lavado” provendría fundamentalmente de la trata y la explotación sexual. Sin embargo, una antigua confesión del “Mono” a un periódico tucumano, y las múltiples causas anteriores en las que ambos han sido procesados –y sobreseídos, o casi siempre absueltos–, hacen referencia al juego electrónico ilegal, a tráfico de drogas y de armas.

Durante el juicio, “La Chancha” Ale fue mencionado por varias de las testigos, quienes lo vincularon –tanto en Tucumán como en La Rioja– con el tráfico de mujeres a prostíbulos. Sin embargo, y a pesar del pedido de la querella, los jueces no ordenaron que fuera investigado. Por lo tanto, aún cuando algún día fuera condenado en la causa por lavado de dinero, quedará impune como tratante de mujeres con fines de prostitución.

Para Víctor Rivero, proxeneta de su propia esposa y madre de su hijo, la impunidad será total. Según su abogado defensor, “fue una confidencia” la revelación que hizo a su vecino Simón Nieva, cuando le contó que su hermana María Jesús lo había mandado a secuestrar a Marita. “Fue una confidencia –afirmó Cergio Morfil–, no una confesión”. Lo dijo en su alegato, y lo reiteró en ronda de prensa en su estudio, tras la sentencia absolutoria. Es decir, negó el valor probatorio, pero no el contenido.

Y sea cual fuere la pena que se les dicte a los ahora diez condenados, siempre será un placebo de justicia, ya que la red estaba integrada por muchas más personas, varias de las cuales también fueron mencionadas durante las audiencias.

Queda una pequeñísima esperanza: que alguno o alguna de esas diez personas diga qué hicieron con María de los Ángeles Verón.