Sibila Camps

En las audiencias del juicio por Marita Verón, “Suele estar casi siempre al menos uno de los hermanos de Daniela Milhein; por lo que viene revelándose en el juicio, da la impresión de que no es tanto para acompañar a la imputada, como para saber si algún o alguna testigo los compromete”. Lo escribí en "La red. La trama oculta del caso Marita Verón". Y ahora, la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Tucumán acaba de decidir que uno de ellos, Pablo Milhein, también tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados.

Cuándo ocurrirá eso, es un misterio que depende de la displicente Justicia tucumana, que nunca deja pasar menos de una década para juzgar a un acusado. De hecho, la decisión sobre Pablo Milhein fue tomada casi diez años después de que la fiscala Adriana Reynoso Cuello elevara a juicio la causa –sin que hubiera la menor pista del destino de Marita.

El tortuoso recorrido de la causa –la persistencia de una impunidad que todavía dura–, puede resumirse así. De las 25 personas que estaban imputadas, 13 fueron elevadas a juicio, y absueltas en el escandaloso fallo del 11 de diciembre de 2012. Un año después, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán condenó a 10 de ellas (“Liliana” Medina murió, y a los hermanos Víctor y María Jesús Rivero les confirmó la absolución); pero aún no se les fijó la pena, y continúan en libertad.

La querella apeló por las otras 12 personas que habían sido sobreseídas, y en agosto de 2008 (sí, hace cinco años y medio), el expediente llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ésta se tomó más de tres años para ordenar a la Justicia de Tucumán que revisara esos sobreseimientos. La Corte tucumana se tomó seis meses para bajarle la orden a la Cámara de Apelaciones en lo Penal. En cuanto a los 20 meses que se tomó la Cámara para mandar a juicio a Pablo Milhein y absolver a las otras once personas, probablemente se deba a que los jueces esperaron para no desentonar, primero con el fallo del juicio, y luego con el de la Corte tucumana.

¿De qué se acusa a Pablo Milhein? Residía o estaba con frecuencia en las casas de Daniela Milhein, donde tuvo secuestrada a Marita Verón durante 2002, al menos en dos oportunidades. Según los testimonios de la instrucción, ampliados en el juicio, también acompañaba a su hermana en la tarea de reclutar a mujeres jóvenes –muchas de ellas, menores de edad– para enviarlas a prostíbulos de otras ciudades, sobre todo Río Gallegos, adonde incluso las llevaba él mismo.

En cuanto a las otras once personas (tres mujeres y ocho varones), la Cámara no halló pruebas suficientes como para mandarlos a juicio. Además, respondían a otras hipótesis de investigación que quedaron descartadas con la sentencia de la Corte de diciembre pasado. Pero no son santos: al menos en 2002 y 2003, reclutaban chicas para explotarlas sexualmente; o las llevaban a burdeles de otras provincias del noroeste, e incluso a España; o eran (¿eran…?) dueños de prostíbulos en La Rioja y en Jesús María, Córdoba.

Lo curioso es que los jueces ordenaron mandar copia del expediente a la Justicia de esas provincias –agujeros negros, en especial la de La Rioja–, para que investigue la probable comisión de delitos. Pero no lo hicieron respecto de los delitos que se habrían cometido en la propia provincia de Tucumán: ésos, una vez más, quedarán impunes.

Por ejemplo Luis Roberto Sosa, conocido como “Patuleco”, admitió que su padre prostituía a su madre, quien en 1997 había sido “encargada” del Candilejas, uno de los burdeles riojanos donde fue sometida Marita Verón. Sosa agregó que “desde que nací, mi señora y mis hermanas también ‘trabajan’ en lo mismo”; y que lo hicieron “no sólo en La Rioja, sino también en Catamarca, Santiago, Las Termas y Tucumán”. "Patuleco" fue mencionado varias veces durante el juicio, inclusive por Daniela Milhein. “La banda de los Patulecos” o “la banda de Patuleco”, era una de las organizaciones encargadas de reclutar y trasladar a chicas víctimas de trata y de explotación sexual, que estaban conectadas con los prostíbulos de “Liliana” Medina y sus hijos, “El Chenga” y Gonzalo Gómez.

¿Era… o es? ¿Era… o sigue siendo? No lo sabemos, porque la Justicia de Tucumán decidió no investigarlos.