Sibila Camps

Desde el 14 de setiembre, cuando Clarín reveló la existencia de tráfico y trata de menores desde Bolivia hacia la Argentina, el aumento de los controles permitió frenar el ingreso ilegal de al menos 31 chicas y chicos en la frontera Villazón-La Quiaca y detener a tres adultos. El gobierno boliviano tomó el problema como cuestión de Estado, y se avanza en una ley para restringir las condiciones de salida del país de los menores.

Además, el Consulado de Bolivia en Buenos Aires recibió otras cuatro denuncias de chicas por reducción a la servidumbre, malos tratos y, en dos casos, también embarazo por estupro.

Según un reciente informe de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, por esa frontera salió el mayor número de chicos: 6.310 entre enero y octubre de 2007. Las cifras de otras fronteras son de 2006: 5.288 menores por Bermejo-Aguas Blancas, y 2.762 por Yacuiba-Salvador Mazza.

El 31% salen acompañados por parientes que no son sus padres, y el 28% salen solos. Lo hace posible una ley permisiva que apenas exige una autorización firmada por dos testigos, que garantizan que el menor regresará a los 90 días. "Emigran, y se les pierde el rastro", alerta la cónsul argentina en Villazón, Reina Sotillo.

La Defensoría comprobó la existencia de "tramitadores" en el sur de Bolivia, que ya desde las terminales de ómnibus ofrecen el dinero de aval que exige la Argentina para ingresar. "El proceso de 'enganche' y el peregrinaje que cae en explotación laboral o sexual, ya se inicia antes de llegar al destino", señala el informe.

Hay estudios de abogados "que tienen el formulario judicial para la salida de niños y adolescentes al exterior y cuentan con testigos que, sin conocer al niño/a, firman como tales (...) -advierte la Defensoría-. Se ha determinado que el hermano de un juez que autoriza la salida de niños y adolescentes al exterior, funge como testigo en varias autorizaciones". Ese juez, Luis Gutiérrez, y otros dos funcionarios del juzgado, fueron suspendidos por el Consejo de la Judicatura.

Imposible determinar cuántos menores entraron como mayores, con documentos falsos. Más difícil aún es saber cuántos se colaron entre los "paseros" que cruzan mercadería por el puente.

En un país donde los chicos trabajan en el campo desde pequeños, otros 300.000 menores son explotados laboralmente. Sotillo contó el caso de nueve chicos demorados en diciembre en el puente, junto a un matrimonio: "Demostraron ser padres de tres. Con ellos iban una chica de 13 años y su hermano de 15, sin autorización, diciendo: 'En Buenos Aires vive un tío que tiene trabajo'. Los demás eran tres chicas y un varón, de 18 a 21 años, indocumentados; se les explicó por qué era peligroso, y la Policía los devolvió a su municipio. Todos piensan que van a estudiar, son de una gran inocencia".

La ministra de Justicia de Bolivia, Celima Torrico, impulsó reuniones en Villazón y La Quiaca, apoyada por la Cancillería argentina. En el Consejo Nacional de Trata y Tráfico de Personas de ese país, que creó una subsede en Villazón, se formó una comisión para atender sólo este problema. En esa frontera, ambos cónsules coordinan un grupo de trabajo que también integran Unicef, organismos de derechos humanos y fuerzas de seguridad.

"Se hizo una campaña radial y en los buses, advirtiendo que no se deje pasar a un menor solo -cuenta la cónsul-. Si un menor no está, ahora hay una alarma absoluta". Además, por primera vez se está rastreando a los que cumplieron 90 días en territorio argentino y no volvieron a Bolivia.