Sibila Camps

“Algo de justicia hemos conseguido”, resumió Susana Trimarco tras la fijación de penas –entre 22 y 10 años– a los diez condenados por secuestrar y prostituir a Marita Verón. Es la mejor síntesis del final de esta etapa, una más de su búsqueda interminable. A dos de los acusados ya la Corte tucumana les había ratificado la absolución. Y varios ex funcionarios –del Ejecutivo tucumano, y de las Policías de Tucumán y de La Rioja–, y ex funcionarios judiciales de ambas provincias, nunca fueron acusados.

Las penas no fueron tan altas como pedía la querella, pero tampoco son bajas. Ni los condenados eran “perejiles”. Las escucharon sin inmutarse, sin las explosiones desafiantes de euforia del 11 de diciembre de 2012. Hasta último momento, Trimarco se quedó esperando que alguno o alguna gritara dónde buscar a Marita; pero se fueron en silencio, esposados.

Sus abogados defensores ya anunciaron que apelarán. Les queda presentar un recurso de casación ante la Corte tucumana, la que deberá llamar a jueces de cámara para reemplazar a los tres titulares que revirtieron las absoluciones. Y si ese nuevo fallo también les fuera desfavorable, podrán elevar un recurso extraordinario ante la Corte nacional. Entretanto, es probable que mucho antes, algunos queden en libertad bajo fianza, porque la sentencia no está firme, y durante la instrucción ya estuvieron más de dos años detenidos con prisión preventiva y sin condena.

Pero este fallo también requiere de otra lectura, la del revés de la trama. Un abordaje necesario es el de las interpretaciones de algunos medios. El apoyo explícito de la Presidenta a Susana Trimarco –y viceversa–, ha servido de inspiración a algunos medios opositores para afirmar que las condenas fueron más políticas que jurídicas. Los periodistas que así lo dijeron, no presenciaron el juicio ni leyeron ninguno de los fallos (ni el absolutorio, ni el revocatorio de la Corte); o si lo hicieron, no dieron ningún argumento a favor de la inocencia de esas diez personas.

Fuera del marco quedaron los tres jueces que las habían absuelto. Pese al pedido de juicio político por permitir el maltrato a las testigos y no cumplir con los protocolos para declaraciones de víctimas de trata –entre otras razones–, Emilio Herrera Molina y Alberto Piedrabuena ya iniciaron el trámite y se jubilarán con el 82% móvil. Eduardo Romero Lascano sigue siendo camarista, ya que la Justicia de Tucumán aún no resolvió sus impugnaciones, y probablemente no lo haga hasta que él también esté en condiciones de jubilarse.

En el revés de la trama aparece desde ayer un nuevo juez: Emilio Páez de la Torre, el presidente del tribunal que el martes fijó las penas a los diez condenados. Votó en disidencia y, en vez de esperar al 24 de abril –día en que se darán a conocer los fundamentos–, fue el único de los tres camaristas que salió a dar explicaciones. Lo hizo en exclusiva a “La Gaceta”, diario que, por estar enfrentado al gobernador Alperovich –por transición directa, también al Gobierno nacional–, lleva quince meses sosteniendo la teoría de la condena política.

A primera vista, la explicación de Páez de la Torre parecería digna: “Me resultó moralmente inaceptable fijar una pena en un caso que no he juzgado”, sin haber presenciado el juicio, ni leído el expediente. En primer lugar, podría haber pedido más tiempo para leerlo. Por otra parte, sí tuvo tiempo de leer las actas del juicio, el fallo absolutorio, el recurso de casación de la querella, las respuestas de los defensores, y la sentencia condenatoria de la Corte.

Pero hay algo más. Si le resultaba “moralmente inaceptable”, ¿por qué no se excusó de integrar ese tribunal? ¿Por qué igualmente “dio número”, sabiendo que bastaba con el voto de los otros dos integrantes para fijar las penas? ¿Para tener la excusa para cuestionar, en un tiro por elevación, al gobierno provincial, precisamente a través de un medio opositor? ¿Para fortalecer a la corporación judicial, que se había sentido atacada por el pedido de juicio político, pero fue defendida por “La Gaceta”? Por más que haya votado en disidencia, el mero hecho de haber aceptado integrar el tribunal implica su convalidación de las condenas.