Sibila Camps
Una mujer que dijo ser argentina fue detenida en el límite entre Villazón (Bolivia) y La Quiaca, cuando pretendía ingresar en la Argentina, por la fuerza, a dos adolescentes bolivianas. Las características del caso, junto con situaciones similares recibidas en el Consulado General de Bolivia en Buenos Aires, hacen suponer un tráfico usual de menores.
El hecho fue detectado por la estrategia del Comité de Integración de ese paso fronterizo, conformado por los consulados de ambos países en Villazón y La Quiaca, las Policías, Aduanas, Defensorías de Menores, Gendarmería y Migraciones. Se suma la Pastoral de Movilidad Humana (PMH), cuya preocupación por el tema impulsó el control integrado en el puente fronterizo.
"La Pastoral, con sede en La Paz, consideró que el problema de la trata de menores está en la frontera y nos propuso trabajar en eso", contó a Clarín Estela López, agente de la PMH en Villazón. La tarea empezó hace un año, compartida con religiosos y laicos argentinos de La Quiaca.
"Según la Pastoral, cada mes desaparecen entre 9 y 11 menores en el sur de Bolivia, la mayoría en el departamento Potosí" (limítrofe con Jujuy), señaló a Clarín la cónsul argentina en Villazón, doctora Reina Sotillo. Estela López indicó que la PMH tiene indicios de que también se estaría produciendo tráfico de menores en la frontera Salvador Maza (Salta)-Yacuiba.
El miércoles 5, el Comité de Integración ajustó pautas para intercambiar información sobre menores, cuando algo llamara la atención a los agentes. Así se frenó ese mismo día a una mujer que pretendía entrar al país con dos chicas de 14 y 15 años, pero con documentos pertenecientes a jóvenes de más de 20 años.
"Claramente se notaba que las chicas no se parecían a las fotografías de las cédulas de identidad", confirmó a Clarín el fiscal de distrito en Villazón, doctor Marco Rivadineira. Las adolescentes, que son primas, son indocumentadas y portaban cédulas verdaderas de dos jóvenes que viven en Betanzos, una ciudad de 15.000 habitantes a 48 kilómetros de Potosí. Una de ellas es estudiante universitaria. "No descartamos que hayan sacado su cédula para vendérsela a esta gente", comentó Rivadineira.
Además de fotocopias de cédulas de otros menores, y de una suma importante de dinero (el equivalente a unos 250.000 pesos), la mujer arrestada llevaba un DNI argentino, pero "la foto no tiene sus rasgos fisonómicos", señaló el fiscal. Dijo tener una casa en Betanzos y parientes en Potosí, pero residir en Villa Celina (La Matanza), y dedicarse a reparar ropa de los vecinos.
Afirmó que quería llevar a una sola chica, como niñera para su hijo de 2 años, "y que ellas habían puesto como condición llevarlas a ambas -relató Rivadineira-. Según declaró la imputada, les había prometido 400 bolivianos (161 pesos) por mes en la Argentina. Eso significa para nosotros explotación laboral".
Betanzos está a unos 400 kilómetros al norte de Villazón que, debido a los malos caminos, en la montaña, se recorren en 18 horas. Las chicas provienen de familias campesinas, que trabajan a 12 kilómetros del pueblo.
"Es el primer caso certificado de tráfico de menores, y motivó la preocupación de la población y de las autoridades de ambos países", señaló a Clarín Osvaldo Rivera Cruz, corresponsal de Radio Panamericana en Villazón, quien estaba en el puente cuando se detectó el hecho.
"La sospecha es que pensaban destinarlas a prostitución -agregó el periodista-. La mujer eligió a dos niñas relativamente simpáticas y despiertas, en relación con la gente del lugar; incluso les cambió la ropa, por otra más moderna. Las tuvo encerradas durante tres días, incomunicadas de los padres, antes de trasladarlas a Villazón. Los padres estaban buscándolas".
El Consulado General de Bolivia no ha recibido denuncias de menores bolivianas sometidas a prostitución. En cambio, van en aumento "niños que han aparecido acá, en una situación bastante confusa", reveló el cónsul general, José Alberto Gonzales Samaniego. En su mayoría, se vinculan con reducción a la servidumbre, malos tratos y privación de la libertad (ver Al Consulado...).
El martes 11, la Pastoral recibió en Villazón a una chica de 16 años que había logrado regresar a Bolivia tras más de dos meses de explotación. "En Oruro, al padre le dijeron que la llevarían a trabajar en costura en Buenos Aires -contó Estela López-. La llevaron a un restorán de argentinos, trabajando en la cocina desde las 6 hasta la medianoche".
"Cuando se terminaba la comida, ella no comía -prosiguió-. El padre de la mujer que la llevó ordenaba pegarle, diciendo: 'Es sucia, es boliviana'. Tiene cicatrices de uñas en el rostro. Después de la última paliza, la botaron a la calle". Pudo volver gracias a la ayuda de desconocidos.
"Guardamos los datos de todas las personas que pasan por el Consulado. Ahora tomamos la lista diaria de los niños, marcamos los casos que nos merecen alguna preocupación, y los comunicamos a las demás instituciones", subrayó la cónsul Sotillo. Las medidas son nuevas, pero los agentes de las instituciones siguen siendo los mismos. "Si hay corrupción -apuntó Estela López-, con el control integrado se va a anular".
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