Sibila Camps
Enviada especial a Misiones

“Venían muchas clases de autos, y yo veía que no eran de acá, porque la tierra era de otro color", revela Eva. Llueve, y el barro sanguinolento la acorrala en su minúscula vivienda del Barrio Tiro Federal, de Oberá. Se refiere a sus vecinos de mitad de cuadra -quince personas amuchadas en una cajita de madera-, cuyas dos hijas mayores, adolescentes, vendieron a sus cuatro hijos, según asegura Eva. Un relato que brota sin esfuerzo en las barriadas de varias ciudades de Misiones, y que desvela a las autoridades y a legisladores provinciales.

En diciembre de 2000, la jueza en lo Civil y Comercial N° 1 de Oberá, Aída Araujo Vázquez de Moreira, fue destituida cuando su marido, el abogado Claudio Moreira, apareció en Canal 13 pidiendo un depósito de dinero en una cuenta bancaria compartida, para una supuesta maniobra irregular con una adopción. Ese año, la jueza había firmado 103 adopciones.

Pero las cifras siguieron subiendo: en 2007, los seis juzgados misioneros que abordan este trámite otorgaron 262 adopciones plenas y 237 guardas con fines de adopción, la mayoría en Posadas y en Oberá. Imposible cuantificar la otra modalidad, la venta con supresión de identidad (el bebé es anotado como hijo de los adoptantes).

El 92% de los 794 inscriptos en el Registro Único de Aspirantes a la Adopción no vive en Misiones. Los jueces suelen privilegiar la entrega directa (los padres biológicos eligen a quién dar su hijo), lo que da lugar a "una intermediación económica que utilizan redes y grupos creados para negociar con la vida y la situación de reproducción de madres vulnerables", señala la diputada provincial Sandra Montiel.

El abogado Rafael Pereyra Pigerl los describe como "grupos de tareas que buscan panzas e instigan a dar en adopción, por dinero o por lo que fuera".

Después del escándalo de la ex jueza -cuyo estudio integra la decena de bufetes obereños dedicados sólo a adopciones-, "se difundió aún más que acá hay una fábrica de bebés, y fue mayor la avalancha de adoptantes, por lo que se encareció la venta", afirma el diputado provincial Ricardo Buiak, quien fue párroco de Oberá. Habla de hasta 40.000 pesos por toda la "operatoria", de los que la madre no recibe más de 4.000. "Misiones es un crisol de razas, y la mezcla de gringos y criollos da 'un buen producto'", ironiza Buiak.

Los testimonios fluyen a cara descubierta en cualquier diálogo, también en Jardín América, San Vicente, San Pedro y el Gran Posadas. "Yo no pagué -cuenta un remisero porteño que años después regresó a Oberá con su hija adoptiva. Sí ayudamos a la madre durante el embarazo, y le cubrimos la atención médica".

La "ayuda" es en efectivo y/o en provisiones, mientras que el "pago contra entrega", en ocasiones son electrodomésticos. Y el argumento, que intenta disculpar la transacción, supone que ese niño estará mejor con los adoptantes, que mendigando por las calles.

"Con el tema de la justificación de la pobreza no se sabe adónde va el bebé. ¿Y si va al tráfico de órganos? ¿A la pornografía infantil? ¿Al exterior? Detrás hay una red nacional e internacional", afirma la vicegobernadora, la pediatra Sandra Giménez.

"En Oberá se sabe quiénes son los remiseros que llevan a las parejas de afuera a los barrios pobres, los hoteleros que las alojan, las clínicas que atienden los partos. Si las enfermeras hablaran... Como era sacerdote, me contaban que atendían un parto, y en otra habitación estaban los adoptantes, con los papeles del Registro Civil ya hechos -cuenta Buiak-. A otras embarazadas las sacan de la provincia y las llevan a Buenos Aires, Córdoba o Rosario; tienen el bebé, lo dejan y se vuelven a su pago".

Estos son los casos con supresión de identidad, uno de los pocos delitos punibles en esta maniobra, ya que la venta de bebés no está penada en la Argentina. Las adopciones a través de juzgados, en cambio, se presentan como legales. "Lo ilegal son los métodos por los que se llega a ellas", apunta Zulma Quintana, coordinadora de Cáritas en Oberá, institución que articula el flamante Consejo de Garantía de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Pero aún los procedimientos judiciales son paradójicos. Como los juzgados no tienen trabajadora social, los aspirantes presentan su propio informe socioambiental. "La madre biológica no tiene recursos para mantener al hijo, pero 'paga' al abogado que patrocina la entrega en guarda; eso vicia las adopciones -observa otro abogado, que pidió reserva de su nombre-. Nunca la acompaña un defensor oficial: ¿qué asesoramiento jurídico puede tener, si los honorarios los pagan los adoptantes?"

Mientras legisladores y autoridades debaten soluciones de fondo, en el último mes hubo tres ventas frustradas por denuncias de familiares.

"Lograr que la sociedad misionera lo acepte como problema y lo enfrente es un desafío -rescata la vicegobernadora-. Necesitamos ver por qué se rompen nuestros vínculos; si no, somos una sociedad filicida. Pero los que demandan, los que pagan, son de Buenos Aires, de Córdoba o de Santa Fe".
Colaboró: Agencia Posadas