Sibila Camps

Imagínese que injustamente le prohibieran salir a la calle. Todos los días enclaustrado en su casa, sin poder ir al cine o a tomar sol en una plaza, a buscar facturas para el mate, a ver actuar a sus hijos o sus nietos en la fiesta de la escuela. Sin poder elegir su propia ropa ni comprarles regalos a sus seres queridos. Sin continuar estudiando ni haciendo actividades que le gustan o le hacen bien a su salud.

Imagínese que sólo lo dejaran salir si pudiera juntar el dinero para taxis o tuviera un familiar con auto y con tiempo disponible.

A ese arresto domiciliario está condenada la mayoría de los 1.389.061 discapacitados visuales y motores de los miembros inferiores que viven en la Argentina. Los han encerrado la falta de rampas en esquinas y edificios, los vehículos que bloquean las pocas que hay, las veredas rotas, los colectivos con estribos a medio metro de altura; los autos, cartoneros y ciclistas que no les permiten acercarse al cordón. Una reclusión que también sufren personas mayores, acobardadas por el riesgo de una caída a causa de los colectiveros que, incluso con vía libre, jamás se detienen a menos de un metro del cordón.

La encuesta realizada por el INDEC acaba de revelar que en uno de cada cinco hogares del país vive al menos un discapacitado. Son 2.176.123 personas, el 7,1% de la población. Entre ellos, los 1.389.061 con dificultades para movilizarse.

¿Dónde están, que no los vemos? Los tenemos confinados, incomunicados en sus casas. ¿Responsables? Los ejecutivos de las empresas de servicios que no ordenan reponer las baldosas que rompieron. Los vecinos que no arreglan sus veredas. Los comerciantes que las ocupan con carteles, cajones de frutas y verduras, bolsas de papas y de carbón, maceteros, sillas, mesas y parrillas. Los funcionarios que no instalan rampas. Los automovilistas —en especial los conductores de camiones de reparto— que estacionan donde no deben. Las autoridades permisivas que "se olvidaron" de exigir la renovación de colectivos por unidades adaptadas y con piso bajo. Los choferes que no arriman al cordón. Los policías e inspectores comunales que no hacen cumplir las normas. Y todos los demás. Por acción u omisión, por desidia o incompetencia, por egoísmo o indiferencia.