Sibila Camps Enviada especial a Coronel Du Graty

Los braceros que tratan de cosechar las motitas sucias que no llegó a pudrir la inundación, giran la cabeza cuando ven pasar por la ruta 95 el camión del Ejército seguido por una combi blanca, en la que flamea una Bandera. Alertados de su paso desde Resistencia, los controles ruteros los saludan con entusiasmo: son siete veteranos de Malvinas que recorrieron 4.000 kilómetros para traer el aporte solidario de la población de Río Grande, Tierra del Fuego.

Cuatro de ellos son litoraleños: Eduardo Sánchez, Héctor Chávez y Eduardo Alegre nacieron en el Chaco; Roque Garay, en Virasoro, Corrientes. Forman parte de los 450 veteranos de guerra que viven en Tierra del Fuego, de los que la mitad nació en el Litoral.

Sánchez pasó 72 días de pesadilla en Malvinas y, al igual que sus compañeros, “cuando regresamos a nuestras provincias nos discriminaban y no conseguíamos trabajo. Y poco a poco fuimos volviéndonos a Río Grande. La isla tira...”

La mayoría del grupo que viajó al Chaco integró el Batallón de Infantería N° 5 con asiento en Río Grande, y durante la guerra con Gran Bretaña combatió en la primera línea, en el cerro Supperhill y en los montes Kombledown y Kent. Desde allí recibieron cartas de los familiares, contándoles del inmenso movimiento de solidaridad de los argentinos. “Y ahora quisimos devolver lo que ellos hicieron por nosotros hace 16 años”, explica Sánchez.

Las cartas recibidas durante la guerra también les hablaron sobre la reventa de las provisiones que habían sido donadas. “Por eso, cuando comenzamos esta colecta para los inundados, a mediados de abril, nos comprometimos a acompañar personalmente las entregas”, afirma Sánchez.

“Podríamos haberlo mandado a través de la Fuerza Aérea, pero quisimos estar presentes. Es un gesto simbólico, a través de la distancia –resume Chávez–. También estuvimos 35 de nosotros en los Hielos Continentales, en diciembre del 96”.

La iniciativa fue compartida por las dos agrupaciones de excombatientes de Río Grande, y terminó canalizando la generosidad de toda la ciudad, donde viven muchos familiares de chaqueños que debieron ser evacuados o tienen sus campos anegados.

Esta cruzada no les fue fácil. “Los políticos, cuando vieron que no ocupaban el primer lugar en las notas que hacíamos por las radios para informar sobre la campaña, nos retiraron su apoyo –cuentan–. Las empresas no aportaron nada; los empleados, sí”.

En cambio, no tuvieron inconvenientes en conseguir licencia en sus empleos (cinco de ellos trabajan en la Municipalidad, y los dos restantes, en la Policía provincial). “Por ser zona de frontera, la gente tiene otra mentalidad, observa Chávez”.

Un primer camión salió el 28 de abril con destino a la Casa de Corrientes en la Capital. Ellos partieron el 30 en la combi y en un semirremolque que pudieron conseguir recién cuando, desesperados, recurrieron a Caritas. Pensaban hacer una conferencia de prensa en Buenos Aires, “pero la gente estaba tan necesitada de ayuda, que preferimos no entrar a la Capital para no perder más tiempo”, comentan.

Llegaron a Resistencia tras casi 72 horas de viaje. Sin quitarse birretes, distintivos ni chalecos, se comunicaron con los veteranos del Chaco que están colaborando en Barranqueras, y empezaron a trabajar. Ya estuvieron repartiendo provisiones, calzado, ropa, frazadas y colchones en Antequera, Isla del Cerrito, Río Choliné, Barranqueras y Las Palmas.

A las mateadas en la ruta sumaron naranjas y mandarinas, y ayer se fueron hacia el sudoeste, donde lo único blanco que puede verse sobre los algodonales estropeados es el vuelo estilizado de las garzas.

Desde el domingo, cuando se encontraron con una ciudad asustada por las aguas hinchadas del Paraná, no han buscado a la prensa. Los enviados de Clarín los encontraron sobre la ruta nacional 16, rumbo a Coronel Du Graty y Santa Sylvina.

En el primer pueblo, la Junta de Defensa Civil llegó a dar de comer a 1.500 de sus 10.000 habitantes, “familias que no querían salir de sus casas”, señala Norma Hofman de Brusch, una de las responsables, que tiene una hermana y una hija en Tierra del Fuego. Allí, los veteranos quisieron descargar su aporte lejos de la mirada de quienes son asistidos por la Municipalidad.

La única cámara que mira a estos peregrinos de la solidaridad, cada vez que detienen la marcha, es la de Miguel Nazar, uno de los dos “civiles” –como dicen– que van con ellos, para registrar cada paso del viaje y, de regreso, rendirle cuentas a la comunidad de lo que hicieron con sus sentimientos. “Y la campaña sigue”, aclaran.

Por Sibila Camps. Enviada especial a Quitilipi, Chaco

En los campos chaqueños, la inundación también crea rutinas. Se las ve recorriendo cualquier ruta provincial: en apenas un kilómetro pueden presentarse todas las situaciones límite impuestas por el agua.

Alberto Pastor Medina (60) pasa por el paraje Cuatrobocas con la camioneta cargada de fardos de algodón. “Quedamos 25 días aislados en el monte, yo y mis vacas –cuenta, mientras su mujer traslada la mateada a la banquina–. Diga que cosechamos algo antes...”

Medina ya perdió la cuenta de los años en que tuvo que decir “antes”. De una de esas veces arrastra una deuda con el Banco Nación que trepó a 100.000 pesos; en otra no pudo pagar el tractor. “Si los gobiernos quieren que tiremos un poquito, tienen que darnos un subsidio”, reclama.

“Si el productor se sienta en el tractor pensando en la deuda, no hace nada: ¿quién va a salirle de garante?”, agrega el intendente de Quitilipi, Angel Cuenca. En ese departamento, las pérdidas en el algodón fueron del 85%.

La Municipalidad llegó a mantener 70 comedores comunitarios, a la vera de las rutas. Cerca de Cuatrobocas abrieron uno hace seis días, un fogón al que se llega rodeando algodonales encharcados, saltando zanjas y pisando barro. “De mi voluntad salió, nomás, y después de conversar con las señoras de los hombres”, explica Yolanda Godoy (38), también inundada, principal cocinera y autora de la iniciativa.

Unas 60 personas meten media pierna en el agua y caminan hasta tres kilómetros con sus portaviandas. A las 11 comienzan a brotar del fondo de la legua, para recoger la única comida del día. “Por cena podemos comer cualquier cosa: un pedazo de pan, una torta frita, un poco de agua”, se consuela Eugenio Solís (56).

Las mujeres se han dado maña para montar lo que nadie quiere designar como olla popular. Hubo que abrir un nuevo pozo de agua, porque el más cercano se había contaminado. Los hombres traen leña que juntan por el camino. Las mujeres se turnan para hacer el pan casero.

Un chamamé se desliza desde la tienda de chapas y mantas agujereadas que hace de despensa. Mientras revuelven el guiso, las mujeres lanzan patadas blandas a los perros huesudos, resignados a hacer crujir los fideos secos que caen a tierra.

Las donaciones no parecen haber llegado a Cuatrobocas: muchos llevan ropa remendada con gruesas puntadas de hilo blanco, y casi todos están descalzos. “Acá hay mucha criaturita que por eso no puede ir a la escuela”, comenta un colono.

Albino Romero (50) se afeitó antes de ir a buscar su porción y la de su señora. Son de los miles de peones golondrina que quedaron varados en el Chaco. Llegaron el 1° de abril desde Tacuarendí, en el norte santafesino, ahora también bajo el agua. “Dejamos a nuestros cinco hijos con la abuela, en Florencio Varela –cuenta–. Vinimos para buscar chirolitas y nos encontramos con la inundación”.

Raúl Encina (18) retira su ración y la de su madre, y se va para la nueva casa: un rancho minúsculo improvisado casi en la banquina, a 200 metros de la vivienda todavía anegada. “Mi cama cayó con colchón y todo –cuenta Victoria (49)–. En el techo las tenía a mis gallinitas y mis patos”.

En la radio suena el bandoneón de Isaco Abitbol, junto al altar con imágenes de la Virgen de Itatí. Victoria es viuda, y perdió las 8 hectáreas que habían cultivado. “Mi hijito, ande hay un capullito, se va a levantar. ¿No van a andar por acá a la vuelta, para comer un estofado de pato? –pregunta a la cronista–. Cualquier cosa, tienen la puerta abierta”.

Por Sibila Camps. Enviada especial a Quitilipi, Chaco

Una víbora ñacaniná yace descabezada en el patio trasero de la escuela rural 478. La tierra absorbe las salpicaduras. “Cuando suelta mucha sangre, dicen que va a llover”, pronostica la directora, Cipriana Villán de Monzón. La ñacaniná no es venenosa, pero los encargados de la Escuela 441 –donde no hubo clases durante casi un mes por haber quedado aislada– ya mataron varias víboras, “ para peor, de coral” cuenta la directora, Graciela Ponce de Contreras.

Pese a víboras y arañas, ciempiés y cangrejos que las aguas arriman a los terrenos altos, las escuelas chaqueñas van retomando las clases. De las aproximadamente 1.200 que hay en la provincia –más de la mitad, rurales–, 341 resultaron afectadas por la inundación. Las urbanas recibieron a evacuados. También las rurales cobijaron a algunas familias.

La Escuela 441 retomó las clases ayer, después de casi un mes, a causa de caminos intransitables. “Los maestros vinimos cuatro veces para repartir ropa y víveres, en un carro que nos prestó un papá –relata la directora–. Cada vez era peor. La última, los caballos se asustaron y salimos disparados 400 metros: casi volcamos”.

“A la Escuela 38 de Colonia Aborigen, ya no puedo entrar ni a caballo –se queja el director, Roberto Blanco–. Se le hunden las patas en el barro y si se cae, no lo saca nadie de ahí. Pude conseguir el comedor comunitario por una semana, porque les lloré a las autoridades municipales”.

“A nosotros nos dolió que el piso se levantara, la máquina de escribir eléctrica y una de las cuatro computadoras ya no anden, y que la impresora ‘patee’ –enumera Víctor Brassart, director de la Escuela de la Familia Agrícola (EFA) de El Zanjón–. Algunos libros se mojaron, la heladera y el freezer se picaron, las letrinas no sirven más, el pozo de agua está contaminado”.

La EFA casi no tuvo actividad desde el 20 de abril. A este secundario con orientación agrícola a 42 kilómetros de Quitilipi, asisten 186 chicos de ambos sexos; en su inmensa mayoría, hijos de pequeños productores y de peones. La escuela sigue un régimen de alternancia: los alumnos permanecen albergados durante dos semanas, y durante las dos siguientes aplican lo aprendido en sus propias huertas y corrales, con supervisión de los docentes.

Los chicos de primer año tuvieron un solo día de clase. Para recuperar el tiempo perdido, el director consiguió que el colectivo que pasa por la ruta provincial 4 rebaje a la mitad los boletos de los estudiantes.

“Todos tenían miedo de perder el año –comenta Brassart–. Hace cuatro años que se abrió la escuela, y ya nos inundamos cinco veces, aunque nunca como ésta. No les hicieron caso a los padres y la construyeron en un terreno bajo”.

Que los docentes puedan llegar a la Escuela 441 tras un rodeo de 11 kilómetros no es garantía de que puedan hacerlo los chicos: ayer fueron menos de la mitad. De los 109 alumnos de la Escuela 227, en Colonia General Paz, 60 aún no concurren.

“Los Rodríguez, hoy aparecieron, pero a caballo –observa la directora, Mercedes Teruel de González–. El papá trae el cuadernito, para que no se atrase, porque el chico se cortó un pie y no puede mojarse”.

“El nivel de presentismo es bueno cuando no hay cosecha –agrega–. Ahora, muchos no mandan a los chicos porque están recogiendo los pocos capullos que quedan”. Quizá les alcance para provisiones, pero no para zapatillas y ropa.

Sibila Camps. Coronel Du Graty. Enviada especial

Cooperativas agrarias, productores, cámaras de comercio e intendentes de seis municipios del sudoeste chaqueño concentraron ayer, en el acceso a esta localidad, 130 tractores, 250 vehículos y unas 2.000 personas, en lo que denominaron “El Tractorazo de la Esperanza”. La presencia del subsecretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Felipe Solá, terminó de neutralizar lo que había nacido como un acto de protesta, y obligó a concurrir al gobernador Angel Rozas, con su gabinete.

El sudoeste del Chaco es la zona algodonera más rica de la provincia, con mayoría de medianos productores. Y es una de las regiones más afectadas por las inundaciones. Ambas realidades fueron la causa de que las organizaciones representativas y los jefes comunales gestaran esta movilización, que pretendía ser una advertencia –según los organizadores–, para que la zona tuviera prioridad en la ayuda necesaria para su recuperación.

Maquinaria nueva

Felipe Solá llegó a tiempo con las medidas, que anticipó el viernes en Villa Angela. Con los productores ya sentados al volante, el acto se convirtió entonces en una convocatoria a la recuperación del campo.

Desde las 8.30, tractores, palas y cosechadoras de algodón comenzaron a concentrarse en el camping municipal de Du Graty, en el acceso al pueblo. Máquinas flamantes, que contrastaban con la baqueteada maquinaria que fue desplazada por las intendencias de Santa Sylvina, Hermoso Campo, Villa Angela, Enrique Urien, Du Graty y Chorotis, gobernadas por cuatro radicales y dos justicialistas.

A las 10.35, con la llegada de Rozas, se puso en marcha la caravana, que recorrió las calles de Du Graty. Muchos vecinos se acercaron en bicicleta o salieron a la puerta para mirar el desfile, sin saludos ni voces de aliento, como si se tratara de una historia ajena.

Media hora después, las máquinas estaban de vuelta en el camping, recibidas por un compact del grupo Zapato Veloz, cantando “Tengo un tractor amarillo”. Ya instalados en el palco, Rozas y Solá compartieron un mate.

Los discursos fueron breves, y menos virulentos de lo que se esperaba hace unos días. Sólo Juan María Escurrera, de la Asociación de Productores de Dos de Abril, dijo en forma directa que los anuncios son insuficientes. Eduardo Bussi, secretario gremial de la Federación Agraria, reclamó la ejecución de obras inconclusas y postergadas, sin marcar responsabilidades.
En la que constituye su quinta visita al Chaco desde el 17 de abril, Solá fue recibido con aplausos. Los productores volvieron a apoyarlo cuando se comprometió a seguir viniendo acá; lo importante es “seguir estando cuando ya no hay cámaras de televisión”, agregó.

Ayer, tras algunas consultas telefónicas con el Ministerio de Economía, el secretario de Agricultura fue más claro que el viernes. Ratificó que para el Chaco habrá 37,5 millones de pesos en créditos de honor para minifundistas y pequeños productores, sin hipoteca, sin interés y a pagar cuando se pueda. De esa suma, 5 millones irán para los ganaderos.

Solá anunció también, en una semana a 10 días, al menos otros 8 millones como fondo de garantía para quienes tomen créditos de emergencia en el Banco Nación y no cuenten con garantías.

El secretario dejó casi sin discurso al gobernador, cuando expresó su acuerdo a la decisión provincial de que sean los comités multisectoriales comunales los que determinen quiénes realmente necesitan los créditos.

Ovacionado por los presentes, Rozas le devolvió la gentileza: “Hicimos una sociedad. Creo que Felipe está bien intencionado, pero no está encontrando quizás el apoyo económico que quiere”. Ya exceptuado Solá, apuntó al Gobierno nacional: “No voy a intentar sacar el menor rédito político partidario, pero tienen que saber que no me van a joder”.
Eran casi las 13, y en el fogón ya estaba listo un abundante guiso carrero.

Sibila Camps. Perugorría, Corrientes. Enviada especial

El veterinario Humberto Vega se bambolea sobre un guardabarro del tractorcito: tardará dos horas en recorrer 8 kilómetros por un camino vecinal de tierra convertido por tramos en un bañado, para tomar muestras de agua en uno de los pocos parajes de Perugorría al que los habitantes se animaron a volver. “Hasta ahora no murió nadie”, dice sin ironía un paisano. Con 10.000 animales ahogados en pocos kilómetros a la redonda –el 80 por ciento del ganado que había en el distrito–, es casi un milagro.

Nadie pudo dedicarse a juntarlos y quemarlos. Los campos siguen anegados. Sus habitantes, evacuados. Y recién el martes pasado, después de dos meses y medio de que el distrito se inundó –por primera vez en la historia–, con más de un metro y medio de agua quedó rehabilitado el tramo de 28 kilómetros de tierra de la ruta provincial 24 que lleva a Goya; hasta entonces, esos 70 kilómetros fueron un interminable desvío de 220.

Atascados en las alcantarillas, colgando del cogote sobre los alambrados con flecos de pastos podridos, quedaron las vacas y los caballos que arrastró la correntada el lunes 13 de abril. En las banquinas hay amasijos rojizos por el barro, al punto de no poder distinguir el pelaje. Los caranchos vuelan, gordos, en medio del aire nauseabundo.

En el paraje Palmitas, los buitres que coronan los penachos de las palmeras señalan un montecito donde se refugiaron 600 animales, hasta que el agua los tapó. Pertenecían al Establecimiento Santa Teresa, que perdió casi 3.000 cabezas.

“Yo tenía 280 vacas: no me quedó ni una –cuenta el intendente José Calesano Orduña–. No podía cazar mi lancha y dedicarme a sacar vacas cuando la gente estaba que podía haber muerto. Recién ahora estamos amontonando los cadáveres y haciendo un pozo, para quemarlos y echarles cal”.

Cuando se escuchan las historias de los paisanos que aquella madrugada cerrada y torrencial salieron en canoa hacia donde oían gritos de auxilio, cuando se presta atención a los relatos traumatizados de quienes todavía no pudieron volver a los campos, se entiende que ni siquiera se quejen de haberlo perdido todo. Desde las camas hasta la linterna. Desde los cubiertos hasta las espuelas.

Aún no han podido reaccionar. Aguantaron las lluvias fuertes de febrero y marzo, y la Municipalidad los asistió en sus viviendas. Hasta el día siguiente a Pascuas, cuando debieron salir con el agua a la altura del pecho. Desde entonces, en el pueblo de Perugorría ya no viven 2.000 personas, sino el doble.

No son sólo las 800 que permanecen oficialmente evacuadas: casi no hay familia que no esté albergando a otra que tuvo que dejar su campo. “Y la semana pasada hubo una tormenta con granizo que hizo volar hasta las chapas”, cuenta el intendente.

Una bandada de tordos se deja caer como lunares negros sobre la tierra arenosa de la ruta 24. De allí partió un camión con doble acoplado llevando el arroz recién cosechado en el establecimiento Oscuro.

Por 400 pesos mensuales, durante todo el día y a veces hasta las once de la noche, Samuel Alegre (42) doma el tractor articulado que desafía el barro y los charcos sin fondo sacando el grano que se salvó en el establecimiento Sampedri. “A mí sólo me quedó una mesita”, comenta. Pero no se queja: tiene trabajo.

Las arroceras –el otro pilar de la producción en Perugorría– perdieron el 80 por ciento de la cosecha. Lo que habían podido levantar, lo pudrió la lluvia en los silos, que fueron el único refugio que encontraron unas 20 personas para escapar del desborde del río Corrientes.

Las arroceras no volvieron a contratar peones. Las familias de pequeños productores de tabaco y algodón siguen en el pueblo, esperando que se vaya el agua. “Estamos preparados para ararles la tierra y conseguirles las semillas a través del Ministerio de Agricultura de la provincia. Pero las tierras quedaron inútiles y no se pueden preparar. Ni soñar con que se pueda arrancar este año: hay que pensar en las viviendas”, sentencia el intendente.

“Tendrían que darles un subsidio para comprar al menos la mitad de las vacas que perdieron –completa Orduña–. Son gente que nunca trabajó con un banco, no son propietarios. Pero de los créditos de honor que prometió la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación, hasta ahora no tenemos ninguna respuesta”.

Sibila Camps. Perugorría, Corrientes. Enviada especial

El 25 de Mayo fue un día inolvidable para los chicos de la Escuela Rural N° 39 Curuzú Caá: estrenaron la Bandera de ceremonias donada por el Regimiento de Infantería de Curuzú Cuatiá, y desfilaron por primera vez, alrededor de la plaza de Perugorría, junto con las escuelas del pueblo.

Allí están viviendo –los alumnos y sus familias, y los 13 docentes y el portero con las de ellos– desde hace tres meses, cuando la inundación se metió a un metro y medio de altura en el edificio escolar del paraje Paso Tala, a 25 kilómetros del pueblo. Se ablandaron los cimientos, se cayeron las ventanas del jardín de infantes, se disolvieron los muebles de aglomerado, y el agua se tragó libros y materiales didácticos.

Pero la escuela Curuzú Caá –“cruz de yerba”, en guaraní– apenas perdió días de clase, porque pronto empezó a funcionar en el Club Social de Perugorría. A otro edificio prestado concurren los chicos de la Escuela N° 839, del paraje Palmitas.

Los de la Escuela N° 880 del paraje San Francisco tuvieron más suerte: estuvieron sólo un mes y medio evacuados. En cambio, dos de las escuelas del mismo pueblo tienen clase en carpas, ya que sus edificios albergan a buena parte de los 800 evacuados atendidos por el municipio.

De los 150 chicos que llenaban las aulas de Paso Tala, siguen asistiendo 120. Otros van a escuelas de las ciudades adonde se mudaron provisoriamente sus padres. Unos pocos se volvieron al campo y ya no van a clase.
Una cortina de plástico, un toldo negro de playa de estacionamiento separan los grados entre sí, pero no el bullicio de ocho grados y un jardín de infantes aprendiendo al mismo tiempo en el mismo sitio. Cien pupitres fueron enviados por la Municipalidad de Corrientes. Los pocos armarios y las mesas que hacen de escritorio, los prestó otra escuela de Perugorría.

Los pizarrones, apoyados sobre sillas, tienen pintadas marcas de yerba y de soda: hasta hace tres meses estaban en la puerta de los almacenes. “Los chicos perdieron los útiles, pero todo se fue rescatando con la solidaridad de todo el pueblo”, cuenta Clara Romero de Orduña (45), quien tuvo que asumir como directora en medio de la inundación, porque a su antecesora le salió la jubilación y no quiso esperar ni un día más.

“Los chicos todavía están con miedo –observa–. Al principio era un llanto constante, porque no querían desprenderse de los padres, siendo que en el campo iban solitos a la escuela. Ahora mejoraron el rendimiento. Pero cuando tienen doble turno, para recuperar los días perdidos, después del almuerzo les cuesta concentrarse”.

Un almuerzo que –al igual que el desayuno– comen en el mismo club donde tienen clase. De pie por falta de sillas, sobre tablas sin manteles ni servilletas, apoyadas sobre caballetes. “Cuando los hacemos quedarse a contraturno, para estimularlos les damos alguna golosina de las que nos donaron”, comenta la directora.

Aún hoy, Elbio Acuña (7) tiene que venir acompañado por sus padres y todos los hermanos. “Hay días que son inútiles: se empaca y no quiere trabajar”, cuenta la señora de Orduña. “Una nena de primer grado volvió a orinarse”, apunta su maestra, Mónica Gelmi de Romero (34). “Mi propio hijo, de 10 años, los primeros días se orinaba en la cama y tenía pesadillas de que le llegaba el agua”, agrega la maestra de 6° grado, Lucía Molina de Escobar.

Ambas son esposas de agricultores y, como todos los docentes, vivían en el campo. También como sus colegas, con la creciente perdieron casa, muebles y animales. Pero siguen trabajando, y se entusiasman al contar que, si bien toda la comunidad educativa tuvo que adaptarse de un medio rural a uno urbano, continúan desarrollando los programas y celebran las fiestas patrias en la plaza del pueblo, junto con las demás escuelas.

“Los chicos están más gorditos –hace notar la directora, mientras muestra fotos tomadas cuando la escuela recién se instaló en el club–. Se los ve ambientadísimos. Hasta en la vestimenta nos damos cuenta: antes se vestían más de campo, ahora no hay tantos chicos rotosos, y se nota que en los centros de evacuados les exigen que sean higiénicos”.

Las docentes reconocen que la inundación cambió por completo la vida de la comunidad. Y aseguran haberse adaptado, a pesar de que no saben adónde vivirán cuando se sequen los campos. “Pero los chicos, en clase –señala la maestra de primer grado–, cualquier cosa que hablan siempre la relacionan con el agua”.

Sibila Camps. Resistencia. Enviada especial

El gobernador del Chaco, Angel Rozas, señaló a Clarín que tras la catástrofe causada por las lluvias y las inundaciones, su administración pondrá el acento en tratar de frenar el éxodo rural. Este objetivo va de la mano de las prioridades trazadas en el Plan Milenio, que ya comenzó a implementarse: por una parte, atender el problema social, con mayor alimentación, viviendas y vestimenta y, al mismo tiempo, brindar un fuerte apoyo a la producción.

Si bien es temprano para poder cuantificarla, ya se está produciendo la migración de familias que antes vivían en y del campo, a la periferia de las ciudades. En ese sentido, el gobierno chaqueño se propone encarar el enripiado de caminos –que se volvieron intransitables durante mayo y junio– e intensificar los programas de vivienda y electrificación rural.

Para el Chaco, el saldo final del desastre es mucho más elevado que lo estimado dos meses atrás. Las pérdidas en la producción (agricultura, ganadería, apicultura y sector forestal) superan los 336 millones de pesos. Otros 80 millones significaron un costo directo para la provincia, en daños a edificios escolares y sanitarios, comedores y centros comunitarios, y a causa del deterioro de las redes vial y de saneamiento y agua potable.

Para reparar las viviendas, tanto en el campo como en la ciudad, harán falta más de 12 millones de pesos. Los programas de salud y desarrollo social insumirán casi 21 millones. Si se les suman los 70,7 millones que demandan obras de alcantarillado, drenaje y defensas necesarias para prever nuevas inundaciones, el costo de El Niño en el Chaco trepa a 512 millones de pesos.

Para tomar un punto de referencia, el presupuesto anual de la provincia es de 900 millones. “Si no hay una reconstrucción rápida, en un tiempo no muy lejano Chaco va a tener inconvenientes, porque el nivel de recaudación ha bajado notablemente –subraya Rozas–. Estamos subsistiendo merced a una organización financiera muy austera”.

Tanto Rozas como el secretario de Agricultura y Ganadería de la Nación, Felipe Solá, cumplieron su promesa: el 8 de julio se comenzaron a pagar los créditos de honor –sin intereses y con financiación blanda– a los productores afectados que no están en condiciones de acceder al apoyo de los bancos. “Los vamos a distribuir por categoría, a razón de 120 pesos por hectárea, con un límite por categoría, para que todos reciban algo”, afirmó el gobernador a Clarín.

La evaluación de los daños sufridos está a cargo de los comités de emergencia conformados en cada municipio, con la participación de todos los sectores afectados. Sin embargo, Rozas se queja de que no ocurre lo mismo en los aportes para viviendas que está entregando la Secretaría de Desarrollo Social de la Nación.

“De los más de 11 millones de pesos estipulados, 8 millones van a municipios peronistas que no están entre los más afectados, y a organizaciones no gubernamentales presididas por hombres públicos del peronismo –afirma–. Deberíamos poder juntarnos el Gobierno y los municipios en un solo paquete. El problema más grave es la partidización de las inundaciones, y mi temor es que esto siga avanzando en otros órdenes”.

Entre las comunas que considera discriminadas y que más sufren las consecuencias de las inundaciones, el gobernador cita a Villa Angela, Santa Sylvina, Hermoso Campo, Coronel Du Graty, Presidencia Roque Sáenz Peña y Puerto Vilelas.

Rozas sostiene que los municipios que no reciban ayuda extra, no van a poder soportar. “Llegado el caso, lo vamos a hacer desde la provincia. Pero queremos que el Estado nacional comprenda que no estamos en condiciones de sostener semejante inundación solos”.

De todas formas, el gobernador estima que el Chaco tiene una posibilidad cierta de recuperarse. “Es un pueblo muy aguerrido y con la moral muy alta, y tiene mucha fe en que, si somos capaces de apoyarlos, puedan reponerse rápidamente”.

Por Sibila Camps. Puerto Vilelas Enviada especial

Con la base de un tambor de plástico como fuentón, Patricia Beatriz Sánchez (20) lava la ropa de su marido, Concepción Pérez (37), y la de Juan Pedro y Graciela, sus hijos de 1 y 3 años. El agua está a cien metros: un brazo del Paraná.

La misma agua que toman. La misma que, por cuarta vez, los hizo salir de la casa y refugiarse en los galpones abandonados de Sasetru y Molinos, junto con otras 56 familias vecinas. La que les destartaló el rancho que tienen en el paraje Las Tres Bocas, fuera de las defensas de Puerto Vilelas, Chaco. La que, sin embargo, los hizo volver.

El mismo río del que Concepción sacó los cuatro bagres amarillos que trae en un balde, y que serán el almuerzo de la familia. “Tengo el espinel ahí –señala vagamente–. Voy y vengo cada hora y le encaro. Tenía tres, que se perdieron con la correntada o los robaron”.

No es lo único que le llevó el agua: “Machete, azada, muchas herramientas –enumera–. Perdí cama, un roperito, sillas. Los calentadores a gas no los pude encontrar más. Las bicicletas, allá están colgadas; casi no sirven. El pozo ciego está todo tapado, tengo que hacerlo de vuelta. Y mi chacrita: tenía lechuga, batata, mandioca, zapallo –agrega–. Siempre nos mantuvimos con la chacra. Dicen que el gobierno nos va a dar semillas... Ojalá, porque hace falta”.

El rancho de adelante, de su hermano, apenas es una tapera. “El mío quedó más o menos, porque yo le enderecé todo –comenta el pescador–. Lo estoy haciendo despacito, porque las maderas que me dieron no me alcanzan”.

Lo hizo en junio, cuando en el albergue para evacuados de Sasetru les dijeron que el río había vuelto a bajar y ya podían regresar a sus casas. Los Pérez volvieron a esa hectárea que lograron comprar, y que inevitablemente se toma el río cada vez que viene hinchado.

“En el galpón nos sentíamos mal, prendían la tele y retumbaba todo, pero estábamos más cobijados. Acá, las criaturas se engriparon”, se queja el pescador, mientras él también tose largamente.

Concepción nació en Las Verdes, cerca de Presidencia Roque Sáenz Peña, pero hace veinte años que convive con el Paraná. “Los sábados y domingos esto se llena de gente”, se entusiasma. Autos que recorren el arenoso camino costero y se llevan bagres, moncholos o patíes, por los que pagan un peso el kilo. “Sacaba hasta 9 o 10 kilos por día”, cuenta. Por eso no piensa irse de allí, aunque el agua lo eche por quinta vez.