Sibila Camps
Los incendios de pastizales en el Delta, y de bosques en los parques nacionales. Las inundaciones en el Impenetrable y en el Chaco salteño. La ola de frío del invierno pasado en todo el país. La lista no apunta a una visión apocalíptica de los últimos meses, sino al denominador común: la Argentina no cuenta con un sistema nacional para afrontar las emergencias. Menos aún con un programa para manejar los riesgos de desastres.
En 1999, tras las inundaciones causadas por El Niño en el Litoral, se creó el Sistema Federal de Emergencias (Sifem). Fue una condición impuesta por el BID, para otorgar un crédito de 200 millones de dólares, para recuperación de las zonas afectadas.
Se conformó en la Jefatura de Gabinete, para tener la máxima ejecutividad. No buscaba ser una superestructura, sino establecer "nuevas prácticas y metodologías de trabajo para coordinar" la intervención de organismos nacionales, aunque con la intención de sumar a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires.
"Se organizó a imagen y semejanza de la FEMA (la agencia de emergencias de EE.UU.), lo cual es una garantía", señala el presidente de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), Conrado Varotto. Hoy en día habría que corregirle algunas cosas, como poner el acento en la prevención, precisar sobre sistemas de monitoreo y alerta, y pautar una articulación eficaz con las provincias. Pero aún así, el Sifem habría sido más que útil para enfrentar las urgencias y tragedias provocadas por las quemas en el Delta (ver Los costos de la inacción).
Pero el Sifem "no se reúne desde hace 8 años -confirma José Luis Barbier, subsecretario de Desarrollo y Fomento Provincial del Ministerio del Interior-. Hemos pedido la potestad para la convocatoria, pero por ahora no la tenemos". De él depende la Dirección Nacional de Protección Civil, cuya página web está en construcción. En el mismo Gobierno la confunden con el Sifem, del cual, sin embargo, pocos oyeron hablar. Atiende con elementos técnicos los desastres, monitorea el transporte de sustancias peligrosas, y envía capacitadores a pedido de municipios y de bomberos. "Funciona por demanda", admite Barbier.
"Para mí, el Sifem está vivo", siente el doctor Varotto. Se refiere a los diez organismos científicos que forman el Grupo Proveedor de Información Primaria. Desde la Secretaría de la Gestión Pública los coordina Inés Pozzi quien, junto con Ruth Zagalsky, había gestado el Sifem. Con tecnología y especialistas de altísimo nivel, busca "avanzar en la implementación de nuevos esquemas de alerta temprana", indica Varotto. Pero el diagnóstico por sí mismo no resuelve nada -y esto no es responsabilidad de los científicos-; y menos aún evita que ocurra un desastre.
Atender la emergencia es un eslabón de algo mucho más amplio: la gestión integral de riesgo. La aplican países más pobres que el nuestro -Cuba, Guatemala-, y logran tener pocas o ninguna víctima tras el paso de huracanes. El riesgo es una ecuación entre la amenaza (inundación, erupción, sismo) y las vulnerabilidades: sociales, culturales, institucionales, económicas, ambientales, físicas.
Alejandra Bonadé, de la fundación Líderes, plantea "ver la gestión de riesgo como un proceso: en la medida en que haga una buena prevención, tendrá efecto sobre la mitigación; si hago una buena mitigación para minimizar los daños, la reparación será menor. Si doy una respuesta coordinada y eficiente, la recuperación será mejor. Y una buena recuperación tendrá un impacto directo en la prevención".
"Cuesta muchísimo incorporar la noción de riesgo en la planificación territorial", lamenta Silvia González, del Programa de Investigaciones en Recursos Naturales y Ambiente del Instituto de Geografía de la UBA. Pone como buen ejemplo al Gran Resistencia, "que logró sancionar la línea de ribera para poder armar el mapa de riesgo hídrico para la planta urbana". Y como mal ejemplo al Gran Mendoza, donde se ha edificado en el pedemonte, a pesar de ser una zona sísmica.
En cambio, Mendoza, Vialidad Nacional y el Ejército están preparados para las grandes nevadas en la zona del paso Cristo Redentor, para evitar que miles de camiones queden varados y atender a los choferes en Uspallata.
En general, los argentinos tienen una baja percepción de riesgo. "Es cultural, como todo lo que implica valores y creencias -explica la ingeniera Silvia Wolansky, investigadora y docente de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral-. Hay una tendencia a no verse en situaciones de riesgo, el a mí no me va a pasar. O a creer en la predestinación y en castigos divinos".
En 2005, la Argentina suscribió la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres. Pero recién lleva dos reuniones -en Cancillería- para arribar a una Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, un mecanismo multisectorial para promover la gestión de riesgo. "A veces comienzan las organizaciones, y logran que se instalen políticas públicas -propone Wolansky-. Son procesos que se dan a largo plazo". |
